En una sociedad civilizada, todo el mundo es inocente mientras no se demuestra lo contrario. Sin embargo, se da la paradoja de que el que fuera ministro de justicia cuando se aprobó la ley feminazi de violencia de género, que viola impunemente el artículo 14 de la constitución española, Juan Fernando López Aguilar, se queja ahora de que sufre una campaña de acoso a su “honorabilidad” por parte de su ex familia política.

Por encima de todo: si es culpable de algo, que lo pague.

Ahora bien, para saber si es culpable o inocente, en las sociedades democráticas se suelen celebrar juicios con una serie de garantías procesales. Los acusados suelen considerarse inocentes a menos que un juez dicte sentencia de culpabilidad. Y aún así, existen otras garantías para el acusado, como los recursos de apelación, casación, amparo, etc…

En España, por el contrario, tras la grotesca ley de violencia de género que aprobó este tipo que ahora se queja, los hombres son culpables con la sola denuncia de una señora, se les somete a pública lapidación del honor, se airean todos sus canallescos actos (verdaderos o falsos, da igual porque siendo hombre algo habrá hecho) y, por mucho que un juez dicte sentencia exculpatoria, será de por vida un maltratador. Con o sin condena, pero maltratador al fin y al cabo.

Y esto, señor López Aguilar, es lo que le ha ocurrido a usted y lo que le ocurrirá a Pedró Sánchez, a ZP o a cualquiera de ustedes que ose desobedecer a sus respectivas señoras cuando éstas les den una orden.

Ahora, amiguetes, toca asumir las consecuencias.

¡Culpable!

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